El pasado 4 de abril de 2019 se llevó a cabo el primer foro titulado “Derechos Culturales y Apropiación Cultural. Antes y después de la Recomendación General No. 35 de la CNDH sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana”, organizado por la Coordinación Nacional de Antropología e Historia.

Se  expusieron diversos temas, distribuidos en tres mesas de dialogo.

La primera mesa consistió en experiencias desde los artesanos cuyo arte ha sido sujeto de apropiación cultural y lo que esperan en el seguimiento y resolución de su caso. Expusieron sus testimonios Rebeca López, Héctor Hugo González Juárez y Ofelia Estrada, como portavoces de San Nicolás, Hidalgo, los voladores de Papantla y talabarteros otomíes respectivamente. A pesar de las apropiaciones culturales a las que ha sido sometido su legado cultural, el interés y la preocupación es inminente pues a pesar de las limitantes geográficas, económicas y legales con las que se han enfrentado, han sido varios factores los que han impulsado a representantes de pueblos y pueblos originarios a no quitar el dedo del renglón, exigiendo que se respete el patrimonio material e inmaterial de los que son poseedores como una cultura viva, que se reconozcan y garanticen sus derechos culturales colectivos y que se sancione a aquellos terceros que hacen uso indebido de su patrimonio. No solo existe una afectación económica, pues a palabras de Rebeca López “algo impreso es perder una oportunidad de venta”.

Por lo que respecta, la segunda mesa trató sobre las tensiones entre propiedad intelectual y derechos culturales, donde se puntualizó en la urgencia de generar un nuevo sistema de propiedad intelectual exclusivo para pueblos y comunidades indígenas.

Entonces, ¿cuál es el alcance coercitivo de la recomendación 35 de la CNDH? ¿qué tipo de legislación se necesita? dependiendo de su naturaleza, ¿se mantendrán conocimientos tradicionales en secrecía o deben integrarse en su totalidad en un inventario nacional? 

De acuerdo a lo discutido, es inminente generar ejes de acción:

  • El fortalecimiento de legislación nacional e internacional.
  • Delegar responsabilidades a cada institución de gobierno para la protección de propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas, delimitando esferas competenciales y facultades inherentes.
  • Generar sistemas sque brinden certeza jurídica a colectividades y formen un antecedente en caso de litigio.
  • Hacer operativamente posible el cobro de indemnización.

La tercera mesa fue centrada totalmente a la Recomendación General número 35 “Sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana” presentada por la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), pasa a ser un referente nacional y un hito histórico en nuestro país por cuanto hace a la protección de derechos culturales y colectivos de pueblos y comunidades indígenas, específicamente a la protección y salvaguarda de su propiedad intelectual.

Dicha recomendación va dirigida a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Local, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Congreso de la Unión y Poderes Legislativos de las Entidades Federativas de la República Mexicana. Su principal objetivo es el “promover los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos”

La recomendación describe diversos casos de plagio, destacando lo sucedido en 2016 con los bordados de Tenango de Doria, Hidalgo, sobre el uso de iconografía otomí que fue plasmada sobre tazas y ropa sin el debido consentimiento de la comunidad.

Si bien es cierto que la recomendación va dirigida a determinadas autoridades, no es obligatorio que las autoridades mencionadas en la misma acaten a la letra lo que menciona dicha recomendación, pues el cumplimiento de las recomendaciones que emite la CNDH no es obligatorio. No obstante brindan luz en la temática, sirven de guía y es de interés de la sociedad en general exigirle a todo servidor público que la atienda y le den cumplimiento.

Es importante destacar que se tiene que continuar trabajando esta temática, no solo hacerla visible en talleres y foros, sino darle visibilidad en órganos legislativos, pues son los principales ejes de acción para garantizar, respetar, proteger y salvaguardar derechos humanos.

El generar e implementar políticas públicas efectivas, promover plena exigibilidad y justiciabilidad de derechos e impulsar una armonización en el orden jurídico mexicano para tener una plena estandarización con tratados internacionales es menester del Estado mexicano, de lo contrario se pasa a una violación sistemática de derechos humanos.

Este foro es el primero en su tipo y da continuidad y monitoreo a las contadas acciones que se han ejecutado para brindar protección al patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios.

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